La prostitución en España y los 4 modelos de acercamiento ️

En algunas regiones de España se ha contemplado este modelo, amparado por la “Ley mordaza”, que permitía sanciones tanto para los clientes como para las mujeres. Por su parte, la directora ejecutiva de la Coalición contra la trata de mujeres (CATW), Taina Bien-Aimé, ha defendido esta ley, insistiendo en que la trata es una forma de "esclavitud moderna". Así, ha rechazado la "impunidad e indiferencia" con la que se afronta este fenómeno en otros países.

Este tipo de violencias son más difíciles de contrarrestar porque están tan situadas permanentemente en la estructura social que es complicado enfrentarse a ellas y suponen un cambio o transformación social a nivel macro. En el caso de otras violencias, sí sería posible aplicar algún tipo de acción sobre ellas, disminuyéndolas o eliminándolas. En el sexo comercial, la violencia estructural está muy presente y marca la vida de las protagonistas, pues es un tipo de violencia persistente, que cala en todos los ámbitos sociales y que solo se puede eliminar con el derrocamiento de las estructuras sociales que las generan.

Cinco años antes que el CIS, el Intituto Nacional de Estadística preguntó en su Encuesta de Salud y Hábitos Sexuales de 2003 del Instituto Nacional de Estadística sobre el consumo de prostitución. Entonces el consumo reciente -en los doce meses previos- lo fijó en el 6,7% y el acumulado a lo largo de la vida en el 27,3%. Los datos del INE fueron utilizados después en 2008 por el Instituto de Salud Carlos III en otra investigación sobre prostitución y uso del preservativo, que estableció el consumo reciente en el 5,7% a partir de las estadísticas que había en ese momento al respecto..

En cuanto a las normativas municipales españolas vigentes sobre la prostitución destaca por ejemplo la ordenanza de Barcelona, que rige desde 2012 y sanciona con 1.500 euros que pueden ascender hasta los 3.000, la prostitución callejera tanto a clientes como a prostitutas. El problema de este sistema es que no previene de la violencia, principalmente por parte de clientes, a los que las mujeres están expuestas. Además, este sistema podría usarse por parte de los proxenetas, y especialmente con mujeres de bajos recursos o inmigrantes, como pantalla para la trata de personas, contando además con el beneplácito de las autoridades. Este modelo protege más a las mujeres prostituidas y les da acceso seguro a servicios de salud, además de mejorar las condiciones en las que la prostitución es “tradicionalmente” ejercida. En la Comunidad Valenciana, además de ordenanzas municipales que ya imponen sanciones, la Generalitat ha propuesto en esa línea una serie de modificaciones normativas para sancionar la demanda de prostitución y a todo aquel que se beneficie de ella, y trabaja para que se lleven a cabo medidas de apoyo a las mujeres víctimas.

Esta tendencia fue revertida en 1954 con la Ley de Vagos y Maleantes aprobada por el gobierno franquista, que establecía por primera vez penas de prisión para las personas que se dedicaban a la prostitución, dado que la consideraban una actividad "inmoral y perjudicial para la sociedad". La relación del régimen franquista con la prostitución se endureció a partir de 1970, con la 'Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social', que establecía medidas de internamiento y rehabilitación para las prostitutas. Suecia se convirtió en 1999 en el primer país del mundo en castigar por ley a los clientes de la prostitución, un modelo copiado años más tarde por países como Noruega, Irlanda, Francia e Islandia. Como se ha comentado previamente, España no sigue un modelo concreto, puesto que aunque las directrices salen del gobierno central, cada comunidad puede hacer cambios en la legislación hacia un modelo u otro. Aunque sí se sabe que España es uno de los países “puente” (países por los que mueven a las mujeres víctimas de trata para perder el rastro) además de un país de destino cada vez más asentado, y el primer destino de prostitución de Europa, seguida por Alemania y Holanda.

A la vez, muchas mujeres tienen y activan estrategias para identificar posibles clientes violentos o evitar situaciones que pueden llevar a la violencia (Manning y Bungay, 2017). Sin embargo, una parte de violencia con el cliente se produce en la negociación sobre los servicios sexuales. El sexo de pago (trabajo sexual o prostitución, indistintamente) se encuentra en un momento de controversia importante en España, con planteamientos ideológicos diversos y, muchos de ellos, encontrados que no permiten el diálogo entre las posiciones establecidas. Mientras que un sector del feminismo considera la prostitución como una ocupación laboral que pueden tener las mujeres (ya sea temporal o permanente), otro sector lo considera un acto de violencia contra estas. Son posiciones que se encuentran polarizadas, con un discurso hegemónico que tiende a la criminalización de los actores y de la actividad más que a la implantación de derechos para que las protagonistas puedan ejercerla de manera segura.

"Se convierten en una máquina de hacer dinero", lamenta, al tiempo que asegura que España es el tercer país al que más víctimas de trata llegan en Europa. Esto dificulta que haya censos oficiales del número de burdeles que hay en España, aunque sí hay aproximaciones. Según cálculos de la Policía Nacional, en nuestro país hay unos 1.400 locales en los que se practica la prostitución, aunque este número no incluye los pisos de citas, que "cada vez hay más y además son incontrolables", según explica el inspector jefe de la Policía Nacional José Nieto. El fiscal delegado de Extranjería de Málaga, Juan Bermejo, explica que, al menos en su experiencia, el perfil típico de la prostituta es de una mujer extranjera que en muchos casos está en situación de irregularidad y que normalmente ejerce esta actividad por una situación de necesidad.

Sin embargo, no todas las mujeres en el trabajo sexual han tenido experiencias de agresión o de clientes violentos; por lo que no se puede tratar al colectivo de mujeres en prostitución como un grupo homogéneo (Weitzer, 2005). Al respecto, las mujeres que contactan con sus clientes en la calle han señalado mayores episodios de violencia que aquellas que ejercen en espacios cerrados (Sanders y Campbell, 2007; Raphael y Shapiro, 2016), pues en estos lugares suelen tener –aunque no siempre– medidas de protección tanto en el local como en la habitación (Sanders, 2004). Por otra parte, el sexo de pago está muy segmentado y, según se asciende a niveles socioeconómicos más altos, las experiencias de agresiones, violencias o coacciones disminuyen (Meneses, 2020).

"Sí, casi la mitad de nuestro clientes son extranjeros. scorts en almeria , otros solos. Hay de todo", nos confirma una empleada de ese local. En España, a pesar del ejemploholandés, se sigue debatiendo todavía sobre la convenienciao no de profesionalizar la prostitución. Es éste, un debateabierto que, aunque necesario, incide, al igual que la falta de voluntadpolítica para adecuar las soluciones, en el retraso alarmante dela puesta en marcha de los mecanismos legales necesarios para profesionalizarel trabajo de la mujer prostituta. La reforma del Código Penal que promueve la proposición del PSOE dice que se considerará autor de un delito de proxenetismo a todo aquel que, con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento. La definición está diseñada de tal forma que exonera de la comisión de un delito a conductas de mera receptación en el ámbito familiar del dinero procedente del ejercicio de la prostitución (que una prostituta traiga dinero a casa). No tenemos registros de cuántas mujeres ejercen la actividad, ni cuantos prostíbulos o pisos hay dedicados a ello, cifras exactas de cuántos hombres la consumen ni mucho menos el dinero que mueve.

Desde 2015, Albacete persigue la prostitución callejera con una ordenanza municipal cuya sanción se fija entre 121 y 3.000 euros. La multa máxima entra en vigor cuando estas prácticas ocurren a menos de 500 metros de zonas residenciales, centros educativos o sanitarios. En el Estado de la Ciudad del Vaticano no existe ningún tipo de ley o mención a la existencia de la prostitución entre adultos, no hay regulación del proxenetismo o de la 'trata'. Si abrimos el Código Penal o prácticamente cualquier otro texto legal oficial de España, nos encontraremos con que la prostitución no está contemplada.